América latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, y en la polaridad entre lo urbano y rural es donde más se reflejan las desigualdades, las cuáles se acentúan por los patrones de inversión en infraestructura, la emigración a las ciudades, la disminución de la densidad poblacional rural y con ello, una desatención y menor visibilidad para quienes quedan en las áreas rurales.
En las zonas rurales -entiéndase rural como lo opuesto a lo urbano, ya que, según la División de Población de Naciones Unidas, no es posible ni recomendable usar una definición universal de rural, pues dentro de este concepto también se podrían encontrar diversas realidades- de esta región viven más de 123 millones de personas, de las cuales 50 millones trabajan. Las tasas de pobreza (45.7 por ciento) y pobreza extrema (21,7 por ciento) en las zonas rurales son dos y tres veces mayores que en las zonas urbanas (CEPAL, 2019). De ahí que seamos la región más desigual del mundo.
De acuerdo con la CELADE -División de Población de la CEPAL- en conjunto con la División de Población de las Naciones Unidas (DPNU, 2019), la población total de personas de 60 años y más asciende a casi 79 millones, de ellas, alrededor de 65 millones residen en zonas urbanas y 14 millones en zonas rurales, es decir, el 82% y 18%, respectivamente. Una pequeña distinción porcentual respecto a los varones se manifiesta a partir del lugar de residencia: el 51,17% de ellos reside en el sector rural. Allí se ubican como mayoría en virtud del sexo. Contrariamente, en las zonas urbanas, casi el 57% de la población está integrado por mujeres.
Según las cifras citadas, el 18% de la población mayor vive en el campo, y el 82% vive en las ciudades. Sin embargo, no se puede afirmar que el envejecimiento se da acentuadamente en lo urbano. Como la mayor parte de la población que migra desde zonas rurales hacia zonas urbanas se encuentra en edad laboral, el resultado de esta corriente migratoria es un envejecimiento prematuro del campo. El análisis de la interseccionalidad entre vejez y ruralidad, según los datos presentados, por el momento, nos lleva a la premisa que las personas mayores en la ruralidad se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, que predomina la vejez masculina en el campo, y que, por las dinámicas migratorias de la población joven, se acentúa la vejez más en la ruralidad que las ciudades.
Problemáticas:
Soledad y abandono: Las dinámicas migratorias de la población joven a las ciudades, conlleva a que, en lo rural, haya un porcentaje mucho mayor de hogares unipersonales conformados por personas mayores.
En dichos casos, las personas mayores quedan solas, con largas distancias entre ellas y sus vecinos, dificultándose también el acceso a los servicios públicos. Esto erosiona las posibilidades de socialización y construcción de tejido social.
Dificultad en el acceso a Salud: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de 2017, exhibe que el 56% de las poblaciones rurales del mundo sigue careciendo de cobertura legal de salud, mientras que el déficit respecto de las poblaciones urbanas es del 22%.
En América Latina, los servicios de salud en zonas rurales son básicos, y propensas a la escasez de personal calificado.
Ingresos y exclusión de los sistemas de seguridad social: Las personas mayores se dedican en su mayoría a actividades agrícolas de subsistencia y al cuidado de sus nietos y de otros adultos o personas mayores, sin remuneración alguna. Por tanto, el margen de generar ingresos es muy bajo.
Las actividades agrícolas son de subsistencia y expuestas a sufrir las devastadoras consecuencias del cambio climático, lo que conlleva a afirmar que las personas mayores no tienen recursos para llevar una vida sostenible.
En cuanto a la seguridad social, de acuerdo con la OISS, el 76,2% de los ocupados rurales se encuentran en condiciones de informalidad laboral. La informalidad explica el bajo porcentaje de cobertura del régimen seguridad contributiva en el campo, siendo del 22%, lo cual se contrasta con el 55% de la población urbana.
En las zonas rurales, entre el 63% y el 55.3% de la población de 65 años y más recibe una pensión no contributiva. Además, se presentan disparidades en los montos de las pensiones medias mensuales recibidas por las personas de 65 años y más, según el sexo, el área de residencia, el nivel educacional. Las más elevadas son las desigualdades entre hombres y mujeres.
Inseguridad alimentaria: Las personas mayores practican una agricultura de subsistencia, la cual realizan junto con otras labores de cuidado hacia sus nietos u otras personas mayores a su cargo. Esto, aunado a la migración de los familiares jóvenes, la capacidad física reducida por la edad, y los cambios climáticos, afectan la agricultura, siendo éste el principal medio de vida y fuente de alimentos.
En áreas de tierras pobres y superficies exiguas, las poblaciones que vive esencialmente del autoconsumo, usualmente tienen una disponibilidad limitada de alimentos, si no en cantidad, en diversidad.
La falta de ingresos monetarios y los costos de transporte y de transacción dificultan el acceso regular a alimentos “importados” que suplementen y/o complementen la dieta. Esto conlleva a que las personas mayores que habitan en el campo no tengan una alimentación adecuada y balanceada.
Oportunidades:
A nivel local, factores como el capital social, el sentido de pertenencia de las personas mayores a su territorio, el civismo y sentimiento de pertenecer a una comunidad, los lazos de colaboración y solidaridad, la cercanía entre los habitantes, el rol y respeto que tiene la comunidad hacia las personas mayores, pueden ser recursos sociales que, al ser movilizados, pueden generar cambios.
A nivel nacional, los gobiernos deben aprovechar los bonos demográficos, para redirigir el gasto social para una mayor inversión social y productiva en lo rural, priorizando población mayor.
Otra oportunidad que se puede gestionar mejor, son los movimientos migratorios, que implique una estrategia que busque la revitalización de los territorios rurales, en el sentido de generar las condiciones para el desarrollo de sus poblaciones para que la migración sea una opción, pero no la única opción para mejorar sus condiciones de vida.
Llevar la tecnología y las comunicaciones al campo, y aplicar big data, la inteligencia artificial, la robótica, y otros avances, permitirán reducir la brecha entre lo urbano y lo rural.
A nivel regional, la adhesión e implementación de la Convención Interamericana sobre la protección de los DDHH de las personas mayores, la cual es un instrumento legal regional vinculante, pero que constituye un referente global y regional, ofreciendo la máxima protección a las personas mayores, y la cual explícitamente, incluye la ruralidad como ámbito de aplicación.
A nivel global, una de las oportunidades es la Agenda 2030, que a través de algunos de sus objetivos las personas mayores pueden ser incorporadas en su implementación y seguimiento. No dejar a nadie atrás, implica traer a las personas mayores rurales por delante desde una perspectiva de derechos y de desarrollo sostenibles.
Consideraciones:
- Los territorios rurales deben ser priorizados desde políticas públicas integrales, multisectoriales y heterogéneas que contemplen diferentes dinámicas y realidades.
- Priorizar y visibilizar la atención de grupos vulnerables como lo son las personas mayores en las ruralidades, garantizándoles el acceso y ejercicio de derechos y servicios.
- Considerar a la persona mayor en lo rural no solo como un beneficiario directo, sino como un aliado o agente de desarrollo en el territorio.
- Fortalecer la capacidad local y la gobernanza territorial, coordinada y articulada con instancias nacionales, regionales e internacionales.
- La participación de la sociedad civil, organizaciones de base, el sector privado y cooperación internacional es fundamental para el desarrollo rural incluyente y sostenible.
- Escuchar La voz de las personas mayores rurales. Por último, es necesario asegurar que los intereses de la población mayor estén reflejados en los marcos (nacionales, regionales, municipales u otros) de políticas en materia de empleo, salud, educación, seguridad social, desarrollo rural, agricultura e infraestructura; que estén informadas sobre los debates y las políticas que podrían afectar sus condiciones de vida.
Nota: Este es el resumen de la ponencia de la representante de HelpAge para América Latina y el Caribe dentro del panel “Comunidades rurales para apoyar el bienestar del envejecimiento en América Latina y África subsahariana”, que se realizó en la 15° Conferencia Global de Envejecimiento, organizada por la Federación Internacional de Envejecimiento.
En dicho panel también participaron la Dr. Nereide Curreri (North-West University, South Africa), el profesor Jaco Hoffman (North-West University, South Africa y University of Oxford, UK), el profesor José Francisco Parodi (Universidad de San Martín de Porres, Perú), la profesora Norah Keating (directora, Global Social Issues on Ageing) y Roseline Kihumba (Portafolio de Envejecimiento Saludable, HelpAge International)
Si quieren saber más respecto a esta ponencia pueden comunicarse con ?subject=Comunidades Rurales – Ponencia”>Marcela Bustamante.