Recientemente la Confederación Sindical Internacional (ITUC, por sus siglas en inglés) desarrolló el reporte ‘La adecuación y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en el contexto del envejecimiento demográfico‘, donde se revisan las medidas que han tomado los Estados con la intención de mejorar los sistemas de pensiones y evaluar su efectividad.
En el documento se destaca que muchas de las medidas tomadas han tenido impactos negativos y han comprometido significativamente la función principal de los sistemas de pensiones: proporcionar un ingreso seguro para las personas en la vejez y así prevenir que esta población caiga en la pobreza.
Si bien, muchos gobiernos e instituciones internacionales han enmarcado las pensiones como un compromiso ineludible entre la suficiencia y la sostenibilidad, los sindicatos insisten que para abordar los desafíos del envejecimiento demográfico global se requiere una nueva narrativa que combine mayores esfuerzos para apoyar la participación de grupos excluidos en el mercado laboral; como la de adoptar formas de impuestos progresivas e innovadoras que garanticen un ingreso decente en la jubilación.
La protección social en la vejez es un derecho humano universal, y los gobiernos tienen la obligación de cumplirlo. Por esto se debe continuar observando de cerca el funcionamiento de estos sistemas que ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad, y a su vez apoyan economías sostenibles e inclusivas.