La crisis alimentaria, financiera y de combustible
A lo largo del último año, la población mundial se ha visto afectada por una crisis global de alimentos, combustible y finanzas que está empujando a millones de personas al hambre y la pobreza. El impacto combinado de la COVID-19, el conflicto en Ucrania, el cambio climático, junto con la pobreza, la desigualdad y las crisis humanitarias existentes, ya ha afectado negativamente los medios de vida y el bienestar de muchas personas mayores en países de ingresos bajos y medios. Para identificar los efectos de esta crisis en las personas mayores en estos contextos, HelpAge International ha llevado a cabo una investigación en 10 países (Sri Lanka, Filipinas, Malawi, Tanzania, Mozambique, Etiopía, Yemen, Líbano, Argentina y Colombia), utilizando una variedad de métodos cualitativos y cuantitativos que incluyen encuestas y grupos focales, explorando cómo los ingresos de las personas mayores y el acceso a alimentos, combustible, atención médica y otros servicios se han visto afectados por esta crisis en los países seleccionados.
La investigación en Colombia
Atendiendo a nuestro llamado, el Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio llevaron a cabo la investigación Colombia: impacto de las crisis actuales en los derechos de las personas mayores. Su objetivo principal fue determinar el impacto de la crisis alimentaria, financiera y de combustible (3F por sus siglas en inglés Food, Finance and Fuel), en los derechos de las mujeres y hombres mayores, al igual que el comportamiento asumido por ellos y ellas, y su entorno para amortiguarlos.
A continuación les compartimos algunos de los hallazgos de esta investigación, agrupados en 4 categorías.
Seguridad económica y trabajo
- 1,8 millones de personas de 60 años o más (28,4%) se encuentran en situación de pobreza monetaria. (DANE, 2021).
- El 25,5% cuenta con pensión lo que extiende su vida laboral, predominantemente informal y con pagos exiguos. Esta realidad se agrava en el área rural.
- Los oficios domésticos y labores de cuidado son la actividad principal, en especial de las mujeres mayores, por lo general sin remuneración ni reconocimiento alguno.
Apoyos, vivienda y familia de residencia
- Otros ingresos: aportes monetarios familiares o gubernamentales (asistencia social y transferencias condicionadas para 23,1% en 2021), la familia es la primera red de soporte social y cuidado recíprocos.
- La mitad de las personas mayores entrevistadas cuenta con pareja con la que generalmente convive.
- Una cuarta parte es soltero(a) o separado(a) y un 22,28% viuda(o).
- En el 62,0% de los hogares donde habitan personas mayores, son ellas quienes asumen la jefatura.
- Ha habido un aumento en los hogares conformados por una pareja (29,2%) y los unipersonales 14,2% (DANE, 2021), lo que podría reducir los soportes cotidianos.
- En 2021, el 60,0% residía en vivienda propia, un alto porcentaje (menor en el área rural) con servicios públicos.
- Muchas veces el pago de servicios públicos supone privaciones constantes en aspectos nutrición y salud.
Salud
- La casi totalidad se encuentra afiliada al sistema de salud, la mitad al régimen subsidiado.
- Dificultades de accesibilidad: hay poca oportunidad en la atención por parte de los servicios, limitaciones económicas, de movilidad y otras asociadas.
- La enfermedad por COVID-19 generó distintos efectos, los más graves: la mortalidad y la letalidad, el aislamiento, el retardo en consultas y en el control de otras patologías, e incremento de sufrimiento emocional: “soledad, estrés, preocupación, depresión” (DANE, 2020).
- Aspectos positivos: visibilidad social, recepción de ayudas económicas y en especie, y priorización en el Plan Nacional de Vacunación.
Participación, entornos físicos, sociales y culturales
Estos factores limitan la participación y apropiación de los entornos:
- Inseguridad y hostilidad del ambiente físico.
- Aumentos del transporte.
- Percepción de discriminación.
- Haber vivido situaciones de violencias o haber crecido en contextos violentos (más de un millón de personas entre 61 y 100 años son víctimas del conflicto armado interno, (UARIV, 2022).
- La Baja escolaridad formal (ausente en 12,93%, básica primaria en 47,98%) (DANE, 2021), restringe el acceso a bienes y servicios, la exigencia de derechos y participar en los entornos cada vez más complejos de nuevas tecnologías: 63,7% no usa internet (DANE,2021).
Estos hallazgos, junto con aquellos que no se mencionan en esta breve nota, permitieron concluir que, aunque Colombia ha avanzado en la consideración de los derechos de las personas adultas mayores (más de 7 millones, 14% de la población total) (DANE, 2021), esto ocurre en un contexto con problemáticas diversas y una significativa desigualdad. El impacto de la pandemia por COVID-19, y de la crisis financiera, alimentaria y de combustible, es diferencial para los distintos grupos poblacionales, con consecuencias más graves para aquellos en desventaja, entre quienes se encuentra un buen porcentaje de las personas mayores.
A pesar de la legislación y convenios existentes ratificados por el Gobierno colombiano, el reporte concluye que la continuidad de las condiciones de precariedad y exclusión en las cuales algunas personas mayores han vivido y viven ahora en la vejez, las han “naturalizado” como parte de su vida cotidiana, exacerbando los efectos de las crisis actuales.
Si desea conocer las recomendaciones para mejorar la(s) situación(es) de las personas mayores en el país, le invitamos a leer el informe completo que está disponible aquí (en español).
Desde HelpAge International agradecemos al Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio por su esfuerzo, su compromiso y el profesionalismo con este que asumieron este proyecto. Esperamos que este esfuerzo institucional conjunto contribuya a visibilizar la situación de las personas mayores más vulnerables en Colombia para que se tomen acciones encaminadas a proteger sus derechos fundamentales, consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Para mayor información sobre esta investigación visite la página del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana.