Por: Vira Tarnavska and Verity McGivern
“Al menos tenemos comida aquí”, dice Jorge Martínez, de 61 años, con un suspiro. Durante la ruidosa hora del almuerzo, mientras adultos y niños venezolanos corren a hacer fila para comer en uno de los 13 albergues para refugiados en el estado brasileño de Roraima, Martínez se sienta a compartir la historia de cómo llegó hasta aquí.
“Estoy esperando aquí a que me llamen para un trabajo”, Martínez era conductor de camiones en Venezuela. Pero como las condiciones se deterioraron en el estado de Bolívar de Venezuela, Martínez tuvo que pasar por un momento difícil en su trabajo. Incluso cuando tenía dinero, un plato de comida decente era difícil de encontrar. Finalmente, en abril, sintió que no tenía otra opción que huir. En los últimos 100 kilómetros, después de cruzar la frontera entre Venezuela y Brasil, en su camino hacia la capital de Roraima, Boa Vista, Martínez se fue a pie bajo el fuerte calor de 30° C. Pasó sus primeras 17 noches en Brasil durmiendo en la calle.
Cada día, miles de venezolanos como Martínez dejan hogar, a medida que el país se hunde más en la crisis. A diferencia de los que huyeron en años anteriores, las personas que han huido en los últimos meses son cada vez más pobres y vulnerables. Médicos sin Fronteras en Colombia informan que los recién llegados de Venezuela “son en su mayoría madres solteras con niños pequeños y bebés, y personas mayores”.
Martínez sabía que huir de su hogar significaría renunciar a todo lo que ha trabajado durante toda su vida, y comenzar desde cero. Estar en Venezuela no era una opción.
Alrededor de 77% de los mayores venezolanos encuestados para un informe publicado el mes pasado por CONVITE, una ONG que monitorea los derechos de las personas mayores, y HelpAge International, otro grupo, dijeron que no podían obtener suficientes alimentos. HelpAge International publicó un ranking de la situación de las personas mayores en 96 países en 2015, y Venezuela estaba en la posición 76, siendo uno de los peores países para envejecer. La hambruna, la escasez de medicamentos y los sistemas salud pública en colapso están forzando a las personas mayores a engrosar la cifra de 4.5 millones de venezolanos refugiados en todo el mundo.
Todos los exiliados, sin importar su edad, quieren reconstruir su vida. Para las personas mayores, construir bloque por bloque una vida nueva -trabajo, redes sociales, y una atención de salud asequible- a menudo está fuera de su alcance. Martínez, por ejemplo, fue entrevistado para un trabajo dos meses después de que llegó al albergue para refugiados, a través de un programa del gobierno federal brasileño que ayuda a los venezolanos a conseguir empleo en otros estados para que puedan reubicarse. Él seguía esperando recibir noticias del programa tres meses después de la entrevista.
El general brasileño que dirigió el programa nos contó a mitad de octubre que “ellos (las compañías) no contratan personas mayores de 40 años”. Por lo que él sabía, ninguno de los más de 1.200 venezolanos que encontraron trabajo a través del programa desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019 eran mayores.
Los venezolanos mayores que están en otras partes de América Latina le han dicho a Human Rights Watch que ya no pueden cobrar sus pensiones. Esto se confirmó por una encuesta realizada en 2018 a 300 venezolanos jubilados y pensionados en Argentina, la cual encontró que más del 80% de los encuestados no podían cobrar sus pensiones. Sin un trabajo o una pensión, se ven obligados a depender de los miembros de la familia, muchos de los cuales también huyeron de Venezuela y luchan por encontrar empleo. Después de años de valerse por sí mismos, se sienten como una carga.
La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigencia en 2017, establece que los estados “deberán desarrollar enfoques específicos para las personas mayores que son vulnerables… incluyendo… migrantes”. En las emergencias humanitarias, en particular, urgen “medidas de asistencia relacionadas con las necesidades de las personas mayores”. Esto facilita el reconocimiento de beneficios, contribuciones a la seguridad social y derechos a la pensión para las personas mayores migrantes. Varios países que han acogido a los venezolanos mayores, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay, han ratificado la convención.
En septiembre de 2018, 11 países que reciben venezolanos se reunieron en Quito, Ecuador, para desarrollar una “estrategia regional para regularización a largo plazo de los migrantes y refugiados venezolanos”, que se conoció como el Proceso de Quito. En noviembre 14 y 15, los países que participaron en el Proceso de Quito se reunieron en Bogotá y se comprometieron a dar una coordinación regional, con el fin de “garantizar el movimiento seguro, ordenado y regular” de los venezolanos. También reconocieron los esfuerzos realizados por los países de la región “para atender, recibir e integrar a los migrantes y refugiados venezolanos, especialmente los que están en situaciones vulnerables”.
Las personas de todas las edades merecen la oportunidad de reconstruir su vida. Los líderes estatales y las entidades internacionales tienen la oportunidad y la responsabilidad de garantizar ese derecho. Los líderes de América Latina deben trabajar también para proporcionar una recepción segura y una integración efectiva de los venezolanos en sus países. Siendo así, necesitan considerar varios de las necesidades de los grupos particulares, incluyendo las personas mayores. Después del primer Foro Global de Refugiados, celebrado en Ginebra en este mes, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas debería incrementar sus esfuerzos para promover la inclusión de las necesidades específicas de las personas mayores en situaciones de desplazamiento.
Desanimado y fatigado, Martínez se sienta en el caliente refugio de Boa Vista y expresa el deseo de su corazón: “todavía siento que soy útil. Lo que más me gustaría es trabajar”. Él se merece todas las oportunidades para hacerlo.
*Los nombres fueron cambiados.
Vira Tarnavska está con la División de las Américas de Human Rights Watch.
Verity McGivern es asesora de defensa humanitaria en HelpAge International.